Sancti Spiritus contabiliza, según Juventud Rebelde, 5,400 ilegalidades urbanísticas. De ellas, 2,612 corresponden al sector estatal y 165 se extienden o incluyen espacios de calles y aceras. El Instituto Nacional de la Vivienda anunció que no se permitirían dichas ilegalidades y que la solución para las mismas es la demolición.